DOSSIER DOCUMENTAL

Dossier-1

“(…) que los archivos públicos de Venezuela no sean sino una masa informe de papeles sin orden ni concierto, en especial los de la antigua Capitanía General y los Cedularios, y clama por que la organización se comience de inmediato, convencido como esta de que sin archivos no hay un buen gobierno, no hay orden, no habrá historia: nada grande, nada solido; todo llevara el sello de la ligereza y el carácter provisional.”

 Con estas palabras se dirigía el Secretario de Interior y Justicia, Licenciado Diego Bautista Urbaneja en su memoria que presentaba al Congreso en 1834, una vez consumada la formación de la república y la separación de la Gran Colombia. [1] En esta Memoria señalaba de forma puntual el grave estado en que se encontraba gran parte de los documentos que formaba parte del acervo documental que existía relativo al pasado histórico en los archivos en la capital, en especial el referido al periodo colonial.[2]

Para el año 1882, se evidenciaban algunas quejas, en especial, las realizadas por el Registrador Principal del Distrito Federal don Antonio Guzmán, quien con serias criticas señalaba al Ministro de Relaciones Interiores que el Ministro de Hacienda había suprimido estos honorarios en la Ley de Presupuesto; siendo entonces fundidas las actividades de registrador y de archivero, permaneciendo sin criterios aun la organización adecuada de la documentación.

Casi una década después encontramos criticas similares durante el gobierno de Raimundo Andueza Palacios, cuando el Ministro del Interior, doctor y general Sebastián Casañas, se dirigía a los despachos oficiales abogando por la organización de los archivos, casi con la misma claridad y certeza realizada algunas décadas atrás por el anterior ministro Urbaneja.[4] El Ministro Casañas en  su comunicado señala: “Los archivos constituyen la historia del país: esa es la fuente de la verdad histórica, y no hay pueblo civilizado que no tome singular empeño en guardar con religioso respeto todo cuanto se refiere a su vida nacional.”[5]

Las diversos testimonios que hemos señalado son quizás elementos precisos que indican,  la preocupación por la situación de los archivos, principalmente los ubicado en la capital, y que a pesar de existir algunas disposiciones legales, el panorama se caracterizaba por se sombrío, dominado por la desorganización y deterioro consecuente de los documentos.

Cercano a la centuria de la independencia, para principios del año 1910, cuando el presidente de la República Juan Vicente Gómez, atendiendo los requerimientos de un grupo de intelectuales formado por: Cesar Zumeta, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallenilla Lanz, Abel Santos, Felipe Francia, José Gil Fortoul, Manuel Segundo Sanchez, Victorino Márquez Bustillo y Vicente Lecuna. Permitieron que por decreto presidencial, de fecha 19de marzo de 1910, se dispusiera la construcción de varias Obras Públicas, como parte de los actos destinados a conmemorar el primer Centenario de la Independencia Nacional. De aquellas, era una de las másimportantes, la que se refería a un edificio cómodo y extenso, que con el nombre de Archivo Nacional,resguardase los valiosos documentos que dispersos en las oficinas del Registro Principal del Distrito Federal y en algunos Despachos del Ejecutivo, pues era preciso recoger y conservar, por cuanto constituían las fuentes originales y autenticas de nuestra historia.[6]

Se escogió para la construcción del Archivo Nacional, el terreno ocupado por algunos edificios que la Compañía Guipuzcoana había levantado a mediados del siglo XVIII, para establecer en ellos las oficinascentrales de su administración. La Real Compañía de Filipinas cesionaria de aquella, había vendido dichasconstrucciones al Gobierno español en 1808. Así, durante la Colonia y primeros años de la República estos edificios estuvieron destinados a la Renta de Tabaco, que mantuvo en ellos sus oficinas de Administración yFactoría.

Incorporada esta sede al patrimonio de la Nación después de la Independencia como parte de las propiedades españolas confiscadas posterior a la Guerra de Emancipación, los diferentes gobiernos la destinaron sucesivamente a diversos servicios, como asiento del Parque Nacional, en 1877, y luego por los años de 1907 a 1910, a residencia de la Comandancia de Armas del Distrito Federal, y de la Inspectoría General del Ejercito, y asiento de la Oficina Principal de Registro del Distrito Federal, calculándose por terreno y construcción esta área un valor de 459.557 Bs.

La inauguración finalmente del Archivo Nacional, tuvo lugar el 19 de abril de 1911, año de la primera centuria de la Independencia de Venezuela. El resultado del arduo trabajo realizado por el Arquitecto Alejandro Chataing y el Ingeniero Luis Briceño Arismendi, atestigua de una bella edificación que a nivel constructivo fue realizada con el único propósito de resguardar en su interior documentación, de acuerdo con los parámetros de seguridad y condiciones de resguardo para la documentación que se consideraba para la  fecha.  El edificio mezcla los elementos característicos arquitectónicos neoclásicos, tan emulados en el contexto internacional. La edificación se encuentra todavía ubicada en la Avenida Urdaneta, entre las tradicionales esquinas deCarmelitas y Santa Capilla; constaba para su inauguración con cinco pisos interiores, dividido cada uno en ocho celdas de 2 mts., de ancho y dos de 3.50 mts., todas de 6.30 mts., de largo situadas simétricamente a ambos lados de un patio central cubierto con techo de vidrio; y dos pisos exteriores para oficina y recibo; más un amplio vestíbulo, una hermosa escalera, y amplios patios laterales de aislamiento. A prueba de fuego, los muros, pisos y cubierta de construcción monolítica de cemento armado. Algunas mejoras se le hicieron en los años 1912 y 1913, y una muy notable en 1942, como fue la de construir en su parte sur un bloque constante de cuatro pisos, acoplados a los del interior del edificio, y destinados tres de ellos a 18 celdas más, iguales a las anteriores, y a dos salones de trabajo en el piso superior.[7]

El 6 de julio de 1912, se nombró como primer Archivero al Doctor Carlos Aristimuño Coll. El mismo día porresolución del Ministerio de Relaciones Interiores, a cargo del entonces señor César Zumeta, se ordenó proceder a clasificar los documentos que reposaran en los archivos nacionales del Distrito Federal, con excepción de los del Congreso Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto de apartar en cada Departamento y sus Dependencias la porción de esos Archivos que había de ser transferida en su oportunidad al edificio del nuevo Archivo Nacional.

Por una nueva resolución firmada por el ministro Zumeta el 21 de septiembre del mismo año, se creó unaComisión Consultiva encargada de asesorar al Archivero en asuntos relacionados con la marcha del nuevoestablecimiento. Fueron designados para componerla: Vicente Lecuna, Manuel Segundo Sánchez y Felipe Francia. Nombrado el personal del nuevo Instituto, sus integrantes se dedicaron inmediatamente a darcumplimiento a lo dispuesto en la resolución de 6 de julio, pudiendo el Director doctor Aristimuño Coll, informar al Ministerio con fecha del 14 de octubre siguiente, que se había hecho la clasificación ordenada.

La colaboración prestada por la Junta Consultiva fue muy apreciable, pudiéndose en su consecuencia proceder a trasladar al nuevo edificio todo el material documental seleccionado. Esta labor que fue realizada en los días comprendidos del 11 al 30 de diciembre de 1912. Bajo los prometedores auspicios que presidieron su creación comenzó, desde 1912 el Archivo General de la Nación, un arduo trabajo de clasificación, catalogación y encuadernación por tomos, del riquísimo material documental que, transitando el tiempo, fue aumentando inusitadamente con el ingreso de nuevos documentos, ya sea por ministerio de la ley, por adquisición mediante compra,  donaciones y transferencias.[8]

Sometida a la consideración del Gobierno un proyecto de Reglamento que formulara la Junta Consultiva, eldoctor José Gil Fortoul, Presidente del Consejo de Gobierno Encargado de la Presidencia de la República dispuso su aprobación, la que se llevó a cabo por nueva Resolución firmada por el Ministro Zumeta el 23 de marzo de 1914. El 12 de enero de 1915, el Presidente Provisional de la República doctor Victorino MárquezBustillos, en Decreto refrendado por el Ministro de Relaciones Interiores, doctor Pedro M. Arcaya, creo una Junta de Inspección y consulta de los Archivos Nacionales. (No hay constancia de que esta Junta fueranombrada, ni de posterior resolución del Ministerio al respecto). Una Ley de 15 de junio de 1926, estatuyó el objeto y fines del Instituto, y un Decreto del Presidente de la República de fecha 20 de julio del mismo año reglamentó todas las actividades del Archivo Nacional. [9] La anterior Ley fue reformada por el Congreso en 1945, con el propósito de dar respuesta a lo concerniente a los diversos repositorios documentales del país, y creó en su artículo 7º, la Junta Superior de Archivos, a la cual le competen la conservación de los documentos con carácter histórico, gestionar mejoras para su consulta, formular reglamentos y servir de cuerpo de consulta en todo lo relacionado con esta materia. [10] Entre las principales disposiciones que se le otorga al Archivo General de la Nación, en relación a la Ley  de Archivos de 1945 están:

  • Custodia, conservación y divulgación del patrimonio documental.
  • Centro de Investigación y Formación
  • Ente Rector del Sistema Nacional de Archivos

 

Actualmente, gran parte de las funciones y atribuciones del Archivo General de la Nación, quedan establecidas de acuerdo a su transformación en Órgano Desconcentrado a través de la promulgación por decreto presidencial Nº 6.713.



[1] La organización y funcionamiento de los archivos durante la Gran Colombia, fue motivo de preocupación para los gobernantes de dicha entidad. Del 25 de marzo de 1826, data el estatuto dictado por el Secretario del Interior José Manuel Restrepo, en el cual se contiene las normas para la clasificación de los papeles y el arreglo de los expedientes, y se señala al archivero la obligación de elaborar índices de materias y alfabéticos, a fin de poder ayudar en la localización de cualquier documento. Enrique Ortega Ricaurte. “El Archivo Nacional de Colombia”, En: Boletín del Comité de Archivos. La Habana, (Octubre- Diciembre de 1958). Pp.11-16.

[2] Para el estudio sobre el origen del Archivo General de la Nación, podemos señalar como trabajos fundamentales: Roscos Hill, J. Los Archivos Nacionales de Latinoamérica. Cambridge University Press, Massachusetts, pp 169. Héctor Gracía Chuecos, El Archivo General de la Nación de Venezuela, en: Revista de Historia de América, México, Numero 29, 1950, Pp. 120 -122. Héctor García Chuecos, “Memorias sobre el Archivo General de la Nación,” En: Boletín del Archivo General de la Nación, Número 151. (Enero – marzo de 1951), Pp., 246-255. Lino Gómez Canedo, “Archivo General de la Nación.” En: Fuentes para la Historia de Nueva  Reino de Granada, Museo Histórico de Quito, Numero 33, 1959. Pp., 177- 178. M.L. Herrera de Weishaar y Carmen Alida Soto, Guía del Archivo General de la Nación, Caracas, Biblioteca Venezolana de Historia, Archivo General de la Nación, Caracas. 1984.

[3] Esta decreto establecía que el Archivero Nacional del Registro Público, debía velar por conservación del Archivo Nacional del Registro Público, de los documentos  se fechan desde el año 1569 hasta 1875, dicho empleo será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Registrador Principal, entre las principales funciones se le indicaba clasificar los expedientes siguiendo un orden y disponer la elaboración de índices, atender el aseo y conservación del edificio y del archivo, y tendrá bajo su cargo el arreglo y la organización de los archivos  de los siete ministerios y de la Gobernación del Distrito Federal, dispondrá al final la potestad de solicitar el traspaso de documentación que por su naturaleza deban estar en el Archivo Nacional del Registro Público. Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, Tomo VI, Pp, 479-480.

[4] Para esa misma década un artículo del Manuel Landaeta Rosales, nos ofrece una visión de conjunto sobre los diversos documentos que existían en el Archivo Nacional del Registro Publico, comprendía la siguiente documentación: Abastos, Aguas, Arrendamientos, Bienes Nacionales, Caminos, Causas Criminales de la Real Audiencia, Censos y Capellanías, Comisos, Compañía Guipuzcoana, Corte de Almirantazgo, Cuentas, Diezmos, Encomiendas de Indios, Esclavos, Gastos Públicos, Limpieza de Sangre, Minas, Negocios Eclesiásticos, Hatos, Perjuicios, Escribanías desde 1595 a 1836, Reales Cedulas, Reales Provisiones, Bulas de la Santa Cruzada, Secuestros, Servidumbres, Tierras desde 1595 a 1875, Testamentos de 1595 a 1875, Tutelas y Vistas Públicas. Manuel Landaeta Rosales, “Los Archivos Públicos de Caracas”, Diario de Caracas, Año II, Mes X, Numero 522, 27 de junio de 1895.

[5] Archivo General de la Nación, Ministerio de Relaciones Interiores, Dirección Administrativa,  Tomo IV, Folio 90.

[6] Mario Briceño Perozo, “Antigüedad del Archivo General de la Nación”. En: El Mundo (Caracas), 15 de Marzo de 1960.

[7] Héctor García Chuecos, Memorias del Archivo General de la Nación, Imprenta Nacional, Caracas, 1951. Pp 1-8.

[8] No obstante, es para el 6 de julio de 1912 cuando el Archivo Nacional inicia sus funciones, bajo la dirección de su primer director el doctor Carlos Aristimuño Coll, comenzó a prestar servicios a los usuarios con 5.152 expedientes y legajos,  y gracias a resolución ejecutiva, emanada del Ministerio de Relaciones Interiores el 8 de julio de 1912, todas las oficinas de la capital debían clasificar su documentación y seleccionar aquella parte que por su interés y características históricas debían ser trasladas al Archivo Nacional. Solo el Congreso Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente Miraflores, quedaron exentos de la resolución, en pocos años la documentación creció y para el año de 1945, el Archivo General de la Nación recibía algunos documentos del Ministerio de la Defensa, siendo estos  los últimos en recibirse ante la imposibilidad física de seguir recibiendo documentación. Y a fines del año 1945, se cerró definitivamente la admisión de nueva documentación a la Sede de Carmelitas

[9] Hasta el año de 1926, el Archivo no contó con una ley que determinará en forma clara sus funciones y fines, así dicho estatuto seria promulgado por el Congreso de la época el 2 de julio del citado año. No obstante, esta ley tuvo vigencia hasta el 13 de julio de 1945, cuando es promulgada la que actualmente rige “Ley de Archivos Nacionales” la cual estableció dentro de su articulado el cambio de nombre de Archivo Nacional a Archivo General de la Nación. Finalmente, cuenta Reglamento interno que data del 30 de diciembre de 1954.

[10] Alguna de las actas sobre la Junta Superior de Archivos en sus diferentes sesiones, se comenzaron a publicar en el Boletín del Archivo General de la Nación, a partir del Volumen XLVI. (Mayo -Junio 1959).