El 16 de febrero de 1989, el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente “paquete económico”, concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional, se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete.
En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.
Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 del siglo pasado y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro nacional para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional.
Observamos que, al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 del siglo pasado, un estallido masivo y sorpresivo de protesta popular; producto de las medidas anunciadas y aplicadas por el primer mandatario; aunado a ello, el negarse a concederles altos cargos a sus compañeros de partidos. La magnitud de los hechos estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los acontecimientos ocurridos el 27 y 28 de febrero de ese mismo año.
Ahora bien, los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira; posteriormente, la onda de violencia de extendió a las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.
El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones sociales, partidos políticos, entre otras; en ellas se combinaron actos de protesta popular en contra de las medidas neoliberales del segundo mandato de Carlos Andrés.
Por otra parte, esta situación de vio agravada cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad por parte de los comerciantes en contra del pueblo, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello, que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido de los anaqueles en los meses que precedieron al estallido social.
Con el nombre de “El Caracazo” o el Sacudón, se recuerda el estallido social que se produjo los días 27 y 28 de febrero de 1989 en todo el país y con mayor intensidad en la ciudad de Caracas; contra las políticas económicas neoliberales del presidente Carlos Andrés Pérez, marcado por una desconcertante e inusual magnitud de manifestaciones y saqueos que fueron a su vez inexplicablemente reprimidos sin proporción alguna por la fuerza pública y el ejército venezolano dejando un saldo numeroso muertos y heridos, en su mayoría en la capital del país, que hasta nuestros días se desconocen las cifras de los fallecidos. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público; el Ejército y la policía usaron unos 4 millones de balas para reprimir al pueblo, que empobrecido y hambriento salió a las calles para reclamar sus derechos.
Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 fueron severamente cuestionados los partidos y organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la población, lo cual se evidenciaría en la situación crítica que se experimentó en los años venideros, y que daría paso a dos golpes de Estado en 1992. Asimismo, al comandante de la policía metropolitana para ese momento: Virgilio Ávila Vivas; que recibió la orden del gobernador de Caracas, para ese entonces de Antonio Ledezma para arremeter en contra de la población venezolana.
Así lo señala Hugo Chávez: “Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles. Y le digo: ‘Mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo’. ‘¿Pero ¿cómo lo van a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos acompañe, pero es la orden’. Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son soldados entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta a los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un desastre, como así fue”. Hugo Chávez.
Debe señalarse, que para ese momento el ministro de la defensa era el general de división Ítalo del Valle Alliegro, en el cual, ordenó activar el “Plan Ávila”, en la ciudad de Caracas en el que confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Ahora bien, pasados los 10 días de los acontecimientos, el presidente Carlos Andrés Pérez, solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda.
En el año 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre perpetrada por los cuerpos represivos del Estados como el ejército, cuerpos policiales, entre otros; ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social. Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989.
En el Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas, hay un sector conocido como “La Peste”, porque durante “El Caracazo” allí fueron llevados, amontonados y enterrados los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios de Caracas; para luego ser ocultados en fosas comunes. En “La Peste” recientemente las autoridades encontraron una fosa común con 70 cuerpos no identificados; los cuales, no estaban incluidos en la lista oficial del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
